En una finca del municipio de Toro, en el suroeste de Colombia, 20 adultos mayores que pasaron los mejores años de su vida como guerrilleros de las FARC encontraron en el campo una forma de cambiar su vida y reincorporarse a la sociedad.

Ellos, que se desmovilizaron y entregaron sus armas al Estado antes de que el Gobierno colombiano y las FARC firmaran el acuerdo de paz que tiene a esa guerrilla convertida en partido político, consideran que esta es la mejor oportunidad que han tenido en sus vidas.

Así lo expresa Lubidia Muñoz, una curtida mujer que hace más de tres años decidió acogerse al programa del Gobierno para desmovilizados que ofrece educación, salud y formación académica y técnica para comenzar un proyecto productivo sostenible que le permita ganarse la vida.

Con voz queda, la mujer asegura a Efe que una de las situaciones más difíciles que le tocó vivir durante los 27 años que estuvo en las FARC fue el hecho de no tener cerca a su familia, compuesta por tres hijos que ahora tienen 24, 28 y 29 años.

En la finca donde reciben capacitación en Toro, localidad 170 kilómetros al norte de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, Muñoz lamenta que las que llama "fechas especiales" como los cumpleaños y las navidades en la guerrilla sencillamente "no existieron".

También recuerda que en su vida por fuera de la ley le tocó, además de aguantar muchas veces fríos indescriptibles, "ver cosas desagradables" de las que prefiere no entrar en detalles.

Muñoz, quien se incorporó a la vida legal luego de ser capturada por el Ejército, ve que desde que ingresó al programa para desmovilizados su vida "ha tenido un gran cambio" que se refleja en su entorno familiar.

Agrega que por medio de capacitaciones ha adquirido conocimientos que le permitirán desarrollar mejores cultivos de frutas, hortalizas y legumbres.

Del proceso de paz asegura que lo ve "con gran madurez" y lo más importante es que se ha demostrado que "sí se puede llegar a un acuerdo y que se puede vivir sin armas, sin guerra, sin lucha, sin muerte y sin sangre".

Otro de los beneficiados del programa gubernamental es Pablo Campos, un hombre entrado en años que estuvo más de 30 en las FARC y que ahora busca rehacer su vida y tener una base económica que le permita pasar, como él mismo dice, sus "últimos días" sin ser una carga para su familia, la misma que casi no vio por cerca de tres décadas.

"Nunca antes había tenido esta oportunidad", dice en medio del llanto al recordar que durante ese tiempo perdió a muchos seres queridos por "estar en el monte" como guerrillero.

Lo más significativo que le sucedió a este desmovilizado fue reencontrarse con toda su familia, regresar al pueblo en donde nació y volver a ver a su madre, quien falleció hace un año.

"Hoy estoy contento. He aprendido mucho", dice Campos quien confiesa que de agricultura no sabía nada porque lo suyo es la ganadería.

Una de las razones por las que dejó la guerrilla es que sus dos hijos, que hicieron el servicio militar, fueron declarados "objetivos militares" si se acercaban a visitarlo en la zona a la que estaba asignado en los Llanos Orientales.

Además fue testigo de la muerte de los integrantes de una misión de salud a cuyo vehículo la guerrilla le puso una bomba con el argumento de que "eran del Ejército".

"Quedaron destrozados", dice, y subraya que esa fue otra de las razones por las cuales dejó las FARC.

La reinserción social de estos guerrilleros y de otros integrantes de grupos armados al margen de la ley está hace 14 años a cargo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), dirigida por Joshua Mitrotti.

"En Colombia se han desmovilizado 60.000 personas desde 2003 hasta la fecha sin contar nada de las FARC (por el acuerdo de paz firmado en noviembre pasado)", dice Mitrotti.

Explica que el proyecto que se desarrolla en la finca de Toro permite que desmovilizados vivan en esos terrenos durante tres meses y que la formación técnica la desarrollan en haciendas cercanas.

El funcionario detalla que el acompañamiento a un desmovilizado mientras se reincorpora a la sociedad puede extenderse a más de seis años y que si no se realiza adecuadamente puede incluso generar otros tipos de violencia.

Según Mitrotti, todos los desmovilizados tienen que hacer un servicio social en las comunidades y resarcir el daño causado cuando estuvieron por fuera de la ley.

EFE